A diferencia de otras derechas europeas, la española ha sido históricamente incapaz de asumir un régimen democrático y el pacto social interclasista que fundamenta el moderno Estado de Derecho. Desde la monarquía absolutista de Fernando VII a la monarquía autoritaria del General Franco, las clases dominantes y conservadoras han defendido sus intereses económicos y su ideología (más reaccionaria que liberal), con el poder político de una oligarquía, centralizada en Madrid y caciquil en provincias, además de la fuerza represora militar y la influencia ideológica clerical. Puede decirse que hasta el cambio democratizador y la Constitución de 1978, España ha carecido de un verdadero Estado. Con todo, la tradición autoritaria y antidemocrática de nuestro liberalismo capitalista no ha desaparecido con la democracia. Sus herederos han pretendido utilizar las instituciones políticas y los cauces jurídicos del Estado para impedir los avances políticos y sociales promovidos desde la izquierda, y lograr en lo posible reducir la democracia que impide al capitalismo salvaje imponer su ley de la selva. El papel del Partido Popular, en el gobierno o en la oposición, durante los ocho últimos años ilustra, con las hemerotecas como testigos de cargo, lo que sigue siendo la Derecha española bajo el lifting de un centrismo engañoso.
